¿LA REFORMA AGRARIA PARA CUÁNDO?

IDEAS FUERZA:

¿ES POSIBLE LA PAZ SIN REFORMA AGRARIA Y LA REFORMA AGRARIA SIN PAZ?

  • Colombia no ha resuelto su problema agrario
  •  Más de 6 millones de hectáreas han sido abandonadas o usurpadas
  • El país solo cultiva el 22,7% de las tierras aptas
  • Hay menos de una cabeza de ganado por hectáreas
  • Algunos autores han planteado la existencia de una contrarreforma agraria armada
  • Pocos colombianos se acogieron al Programa PLANTE por sus trámites dispendiosos
  • La Procuraduría reportó niveles bajos de ejecución de las normas y de las políticas
  • La transversalización del fenómeno de corrupción en el tema agrario
  • Reforma agraria y contexto político
  • ¿Cómo revertir los efectos del conflicto armado?
  • ¿Qué fue primero el conflicto o la violencia?
  • ¿Existe o no existe conflicto?
  • Los desafíos de una reforma agraria en términos de gobernanza
  • Enfoque institucionalista centrado en el agente
  • La relación Estado comunidad
  • ¿La sustitución de cultivos ilícitos o la promesa de sustitución?
  • ¿Los tratados de libre comercio son o no volátiles?
  • Implementación del Acuerdo Final de la Habana presupone consensos que especifiquen a todos los identificadores
  • ¿El optimismo dirigente puede ser compatible o no con la gobernanza solidaria?
  • La firma del Acuerdo Final de la Habana no garantiza por su implementación
  • ¿ El Estado es demasiado grande para resolver los problemas microeconómicos y microsociales o demasiado pequeño para resolver los problemas macroeconómicos o macrosociales del país?
  • Enfoque lineal del progreso y / o sobrecarga del Estado en lo funcional
  • La Reforma Rural Integral
  • El Acuerdo Final de la Habana más allá del deseo de vivir en paz de todos los colombianos y las colombianas

Colombia no ha resuelto su problema agrario. En 2011, la Comisión de Seguimiento a las Políticas Públicas sobre Desaparición Forzada, declaró que entre 1980 y julio de 2010, 6,6 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas o usurpadas. Acción Social órgano de gobierno, estima que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus tierras ascienden a 6,8 millones de hectáreas, mientras que el Movimiento Nacional de las Víctimas contra la delincuencia del Estado (MOVICE) sitúa la cifra alrededor de 10 millones de hectáreas. La problemática se ha hecho más compleja a medida que avanza la sociedad. Aunque, el país tiene un potencial de 21,5 millones de hectáreas, solo cultiva el 22,7% de las tierras aptas (4,9 millones de hectáreas). Se advierte una “ganaderización” de la tierra en Colombia, toda vez que, 39,2 millones de hectáreas están destinadas para pastos, rastrojos y malezas, de las cuales 31,6 están usadas en ganadería bovina, donde hay menos de una cabeza de ganado por hectárea. A partir de 1980, los campesinos empezaron a cultivar la coca, la amapola y la marihuana en varios departamentos, lo que condujo a ganaderías extensivas y a lo que se nombra por los expertos como una contrarreforma agraria armada.

Ejecución de las normas y de la política agraria

El gobierno de Ernesto Samper Pizano, creó el Plan de Desarrollo Alternativo PLANTE, con el fin de que el campesinado reemplazara los cultivos ilícitos por productos agrícolas lícitos, un cambio de recibir cada uno la suma de seis millones de pesos, pero pocos se acogieron a este programa debido a los trámites dispendiosos. La Ley 160 de 1994, se expidió para adelantar un reordenamiento rural mediante la compra y venta de tierras, entre las medidas para alcanzar este objetivo se destacan las siguientes: i) Apoyar con subsidios a los campesinos para que accedan a la propiedad; ii) descentralizar hacia los municipios y comunidades los procesos de reforma agraria; iii) capacitar y preparar a los campesinos para que hagan uso adecuado de las tierras; iv) el manejo regular de los resguardos indígenas; v) propiciar la intervención directa del Estado en la compra y para definir políticas para la adjudicación de baldíos y colonización; v) titular tierras en unidades productivas familiares y vi) regularizar el acceso a la propiedad rural por parte de las comunidades afrodescendientes.
 
En cualquier caso, la Procuraduría General de la Nación (avance del control de las acciones de los Servidores Públicos) adelantó una investigación sobre la legislación existente para el tema de las tierras y el conflicto armado, que tenían niveles bajos de ejecución de las normas y por tanto de las políticas afectadas (La tenencia de la tierra y la reforma agraria en Colombia. Universidad Libre. Bersarión Gómez Hernández).
 
En suma, las “reformas agrarias” que se han intentado desde los años 30 del siglo pasado no han prosperado. Cabe entonces el interrogante de cómo alcanzar un modelo agrario que imprima mayor velocidad a las dinámicas sociales y un mismo tiempo asegura el progreso.

Contexto político y de corrupción

En el proceso de algún acto a la justicia anticipada en el marco de la Ley 975 de 2005, se planteó la entrega de bienes de los desmovilizados para restituir a las víctimas; a su turno, con la ley 1448 de 2011, se reguló la reparación de las víctimas del conflicto armado interno y, entre las cuales previó la restitución que cobija la devolución de sus propiedades.
 
Cierto es que, a medida que avanza la sociedad la solución agraria se compleja más aún frente a la transversalización del fenómeno de corrupción, como las defraudaciones por aproximadamente 80,000 millones de pesos en la hoy extinta Caja Agraria, conocida como el banco de los pobres con mayor presencia en el territorio nacional, que consiste en comportamientos de clientelismo, continuos planos de refinanciación, otorgamiento irregular de créditos, aumento acelerado de la cartera morosa, exceso de burocracia, sucursales ineficientes, entre otros, entidad que finalmente se liquide para ser reemplazado por el Banco Nacional Agrario, por mandato de la Corte Constitucional, que tumbó las facultades extraordinarias con otorgadas al gobierno para la modernización del Estado Pero este fenómeno de corrupción, en las noventas, no solo se dio en el ámbito agrario, sino también, en el contexto político nacional con la apertura del proceso 8000“, Emprendido contra el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, bajo la acusación de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial, el cual culminó con el cierre o la preclusión de la investigación por parte de la Comisión de Acusación del Senado colombiano, proceso que envolvió a funcionarios públicos, congresistas, ministros, periodistas, entre los que destacaron, las cabezas visibles de los entes de control, el presidente de la Caja Agraria y el tesorero de la campaña presidencial quien murió encontrando en detención domiciliaria sin conocer la decisión de cierre de la investigación promovida por la Fiscalía General de la Nación, en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.
 
El proceso 8000, tuvo inicio con la divulgación de los ” narcocasetes“, El 21 de junio de 1994, por parte de Andrés Pastrana, hijo del expresidente conservador Misael Pastrana Borrero (1970 a 1974), y contendor en segunda vuelta de Ernesto Samper Pizano, quien fue secuestrado por una semana por” los extraditables “el 18 de enero de 1988, encontrándose en plena campaña para aspirar a la Alcaldía de Bogotá, elecciones que ganó, fungiendo años más tarde como Presidente de Colombia (1998 a 2002).
 
El Banco Agrario que tiene actividades el 28 de junio de 1999 con 738 sucursales, cuya función principal, es el desarrollo del sector agropecuario, y especialmente, el impulso de líneas de crédito para el pequeño y mediano productor, no ha sido ajeno a los malos manejos administrativos e irregularidades de trascendencia en lo penal, lo disciplinario y lo fiscal (2013) en una persistencia e intensificación de la corrupción que pone en jaque la legitimidad y gobernabilidad del Estado colombiano. A esta situación se sumó el caso de corrupción al interior del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), por haber entregado subsidios, no a los agro colombianos, sino a las familias terratenientes de Magdalena y Valle del Cauca con amplia estrategia política en el Caribe Colombiano, entre otras irregularidades.
 
El gobierno de Santos dio cuenta de que el proceso de sustitución de cultivos ilícitos quedó inconcluso en su administración. La promesa de reemplazo operada sobre 40.027 hectáreas de cultivos ilícitos sin llegar a la meta prefijada de 50.000 hectáreas (2017), de efectiva sustitución, en un escenario de incremento del 52% de los cultivos ilícitos de coca o de su incremento en aproximadamente 180.000 hectáreas , según algunos expertos.

El Acuerdo Final de la Habana

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera frente al desafío de emprender la reforma rural integral-RRI (reforma agraria) y, en consecuencia, adoptar un modelo agrario para: i) la transformación estructural del campo y ii) crear condiciones de bienestar para la población rural-hombres y mujeres y con ello “ revertir ” los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a resolver las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atractivo de las comunidades rurales que específicamente afectan a las mujeres, niñas y niños “(capítulo 1 del Acuerdo Final” Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral). 
 
Ha de anotarse el Acuerdo referido expresamente también, la transformación estructural anotada requiere la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la adopción de medidas específicas para controlar que participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación del Acuerdo, reconocimiento, entre otros aspectos, el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitario en el desarrollo del campo y el rol productivo y reproductivo de las mujeres, y en esa medida, su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural.
 
El presidente se ha comprometido a: ser ” el presidente del renacer del campo colombiano “; Sacar del sector agrario el clientelismo “; Despolitizar [lo] por completo”; los gamonales deben salir del sector agropecuario, porque deben ser para el pequeño productor “y” vamos a tener gente técnica, idónea y preparada, y los políticos no deben tener ninguna entidad ” .
 
En ese contexto, el Presidente nombrado como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, quien previamente se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). Con experiencia en diversos cargos públicos cuentos como: Gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (2011-2013); Representante para Asia en esa misma entidad (2008-2010); Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (2006-2008); negociador y coordinador internacional (2001-2003) de temas como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); funcionario del Ministerio de Comercio exterior entre 1993 y 2003 y negociador en la Misión de Colombia ante la OMC, en Ginebra, Suiza y asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior, entre otros.
 
Además, señaló que: ” no v [a] a negociar ni un solo TLC en los próximos cuatro años, pero [se] dedica [rá] a implementar bien los que tenemos “.
 
Entretanto, Estados Unidos, anunció la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y, México condicionará la acción migratoria en ese país, que finalmente quedará por fuera del acuerdo, pero esto provocará tensiones al evidenciar la eventual volatilidad de las decisiones de esta naturaleza.

Análisis estratégico relacional: ¿Qué fue primero la violencia o el conflicto? O ¿el conflicto no existe?

En un contexto de análisis estratégico relacional el panorama no está del todo claro, habida cuenta de que, la historia lo muestra con desolación, pero en todo, caso los desafíos son grandes en materia agraria y, por lo tanto, el optimismo dirigente deber ir de la mano de una gobernanza basada en la cohesión social y la solidaridad, que viabilice el ejercicio del poder estatal con los agentes sociales y con las fuerzas de la economía y de la sociedad civil y aunando soberanía con otros estados, en varios tipos de regímenes intergubernamentales, en el entendido de las dificultades pueden enfrentarse de mejor manera superando lo que se conoce como el enfoque institucionalista centrado en el agente, por virtud del cual,la intervención en lo económico y social se caracteriza por el ejercicio de una autoridad soberana en una única estructura de mando jerárquica.
 
Por otra parte, se precisa destacar que el país enfrenta una polarización política y social. En esa perspectiva analítica debe destacar que el plebiscito realizado para refrendar el Acuerdo Final de La Habana, en donde el NO resultó con un total de 6.431.376 votos que equivalen al 50.21% del total, mientras que el SI obtuvo 6.377.482 votos equivalentes al 48,78%. Departamentos con un amplio margen de población en situación de desprotección de derechos y afectados por la violencia como Chocó, Vaupés, Cauca, Putumayo, Nariño y Sucre apoyaron mayoritariamente el Acuerdo;mientras que en regiones, históricamente también se encuentran por conflicto, pero con un mayor nivel de riquezas ganaderas, petroleras e industriales como el Casanare, Norte de Santander, Meta, Antioquia y Huila, lideraron la votación del No.
 
La sociedad hoy día no puede ser ajena a la persistencia y recurrencia de problemas o desafíos o desafíos de la implementación del Acuerdo Final, en el entendido de que su firma por sí no garantiza su solución.
 
En este sentido, basta reflexionar, entre otros aspectos, sobre los siguientes: i) Que el posconflicto costará en los diez primeros años, alrededor de 90 billones de pesos; ii) que la vinculación a procesos judiciales de los reincorporados a la vida civil según el Acuerdo, puede darse cuenta sin privación de la libertad de los procesados; iii) que la reparación efectiva a las víctimas del conflicto armado continúa siendo el propósito neural del mismo; iv) que el problema del narcotráfico no ha sido resuelto y, v) que según los registros de INDEPAZ, desde diciembre de 2016 a la fecha, se han informado más de 300, asesinatos de líderes y lideresas sociales, o sea, que en promedio ocurre una muerte cada cuatro días.
 
Están presentes, diversas lógicas relacionales entre el conflicto y la violencia. Se argumenta que: i) que el conflicto fue primero y la violencia después; ii) que la violencia surgió antes que el conflicto; iii) que la violencia y el conflicto son fenómenos sociales interdependientes y, que (iv) el conflicto no existe.
 
En cualquier caso, diversos contextos analíticos NO debe reñir, ni con la cuota de responsabilidad de las comunidades en la reconstrucción de la paz, a través de un diálogo permanente con el Estado; ni con la necesidad de fortalecimiento de la relación estado comunidad; ni con la recuperación de los niveles de confianza en la sociedad y el interior del Estado (en lo económico, lo político y lo ideológico); ni con la revisión conjunta de los principios que orientan la organización social, porque el Estado no puede existir al margen de lo que pensamos o no de él.
 
El Estado colombiano enfrenta la réplica de que su intervención no resultó demasiado grande para resolver problemas microeconómicos y microsociales, pero tampoco demasiado pequeño para resolver los problemas macroeconómicos o macrosociales del país (Juan Carlos Monedero).
 
En consecuencia, urge una reflexión de cómo abordar y consolidar, la reforma agraria en el país: i) A través de las formas tradicionales de gobernanza marcadas por el dominio y la defensa de la integralidad del territorio (prácticas seguras), que escala eventual o coyunturalmente a diversos contextos extraterritoriales que provocan una interdependencia compleja, entre el componente territorial y la dinámica del ejercicio de la soberanía en diversos órdenes y / o; ii) con medidas que vayan más allá del acceso a la tierra entendida como un recurso para transformar el campo colombiano y / o; iii) incorporando cambios peligrosos en la arquitectura institucional para que no permeada por el mar; iv) y / o superando el enfoque lineal del progresoque sobrecarga al Estado desde lo estructural y funcional por el exceso de demandas de la ciudadanía y / o; v) legitimar un nuevo pacto social basado en el consenso sobre la necesidad de impulsar en adelante la transformación social, política y económica para la transformación del Acuerdo Final de La Habana, que pueden afectar a los 13 millones de colombianos y colombianas con independencia de que hubieran votado por el SI o por el NO, bajo la comprensión de que el Acuerdo, como se menciona en precedencia, busca revertir los efectos del conflicto a través de la creación de condiciones de mejoramiento en diversas órdenes de la situación de derechos, específicamente de comunidades y grupos afectados por la violencia.
 
Teniendo en cuenta las diversas percepciones sobre las causas y los efectos del conflicto armado en Colombia, podría haber convocado la opinión de un alcalde número de colombianos y colombianas apelando a un ejercicio previo de pedagogía simple ya la vez exhaustiva sobre el texto del Acuerdo Final y profundizando sobre los aspectos más complejos de su contenido como: i) la extradición o no de los reincorporados a la vida civil; ii) la participación o no en la política de los reincorporados y, iii) la conveniencia o no de una Asamblea Nacional Constituyente o del Pacto Social sobre lo fundamental, entre otros temas, para que la sociedad se pronuncia más allá de expresar su deseo de vivir en paz.

Marisol Palacio Cepeda

Director Ejecutivo de Estrategia, Proyectos y Contenidos