El Rol de las organizaciones sociales en las políticas sociales y el acuerdo de la Habana

“El Rol de las organizaciones sociales en la implementación de las políticas sociales y en el Acuerdo de la Habana”. Segunda parte

Ideas Fuerza

 
  • Pedagogía para la paz
  • Desarrollo social de las comunidades
  • Interlocución en doble vía
  • Subsistencia de marcos normativos y sistemas jurídicos de protección de los derechos de las víctimas y los victimarios
  • Desestigmatización de víctimas y victimarios
  • Consensos comunitarios
  • Mejoramiento de la situación de derechos
  • Niveles de confianza del Estado hacia el tercer sector
  • Organizaciones sociales no sustituyen al Estado
  • Contrato socia incluyente
  • Asamblea Nacional Constituyente

El tercer sector en Colombia (organizaciones que no son públicas ni privadas) son primordiales para apoyar al Estado colombiano en la construcción de la paz para: i) adelantar una pedagogía sobre la paz basada en la implementación del Acuerdo de la Habana, habida cuenta de que existen grupos sociales que desconocen su contenido o lo conocen parcialmente siendo necesario promover un diálogo permanente, abierto, flexible y transparente para dimensionar su alcance y contenido en provecho del desarrollo social de las comunidades, particularmente las afectadas por el conflicto armado; ii) facilitar la interlocución en doble vía de las agencias del Estado con las comunidades y viceversa, para lo cual se precisa de una mayor y mejor articulación entre tales agencias como quiera que en el proceso de transición hacia la paz subsisten diversos marcos normativos y sistemas jurídicos o legales de protección de los derechos de las víctimas y los victimarios. 

Es así como, se identifica un marco normativo para la generalidad de las víctimas del conflicto armado con la Ley 1448 de 2011; un marco normativo “en desarrollo” con ocasión de la suscripción del Acuerdo de la Habana y el marco regulativo tradicional u “ordinario” para proteger los derechos de las personas en el ámbito político criminal y de las políticas públicas (códigos ordinarios en diversos ámbitos penal, civil, familia, policivo etc); iii) revisar y/o integrar y/o armonizar estos instrumentos jurídicos o legales, así como lo sistemas jurídicos de protección de los derechos tanto de las víctimas como de los victimarios, en cierto modo, completarlos; iv) formular políticas, estrategias y mecanismos que contribuyan a la desestigmatización de las víctimas y los victimarios para que la política criminal abandone la mirada del adversario o del enemigo (derecho penal del enemigo); v) incentivar consensos entre las propias comunidades para promover una convivencia armónica a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos y vi) apoyar las reformas que demanda la implementación del acuerdo (reforma rural integral; sustitución de cultivos ilícitos etc). 

El tercer sector debe actuar en forma coordinada y articulada para visibilizar su papel en apoyar al Estado, pero también directamente a las comunidades en el sentido de transformarlas y empoderarlas en la protección de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes correlativos. Se precisa profundizar por lo tanto el nivel de confianza del Estado hacia el tercer sector en el entendido de que no va a sustituir al Estado, pero que tienen la suficiente entidad y legitimidad para participar activa y directamente en el mejoramiento de la situación de derechos de los sectores menos favorecidos y también del tercer sector hacia el Estado, este diálogo podría consolidarse en una Asamblea Nacional Constituyente para pactar un nuevo contrato social incluyente, no tendría sentido que el tercer sector pierda su identidad y autonomía. Se precisa que mantenga su voz y, alcance espacios políticos para resignificar su gran valor en el desarrollo social, económico y político del país.

Marisol Palacio Cepeda

Presidente FIBESJ