Un derecho violento y patriarcal es antidemocrático

Ideas Fuerza

  • El derecho como instrumento para legitimar la violencia
  • No todos somos rentables
  • La indignación se cambia por la indiferencia
  • El costo del crimen y la violencia en América Latina
  • La impunidad en los feminicidios
  • El rol productivo de la mujer
  • El patriarcalismo
  • Aplicación de la Justicia y las políticas sociales
  • La estigmatización de las víctimas como personas incapaces de solucionar sus propios conflictos
  • Repensar el derecho penal en clave de derechos
  • Presunción legal de victimización de las mujeres en el contexto del conflicto armado
  • El agotamiento político del Estado
Desde los 70 la idea de gobernabilidad sospechaba de un exceso de democracia. La construcción del Estado neoliberal basado en el miedo conduce a la interiorización del carcelero en la cabeza (Focault). La mercantilización del mundo y la búsqueda del beneficio se impone sobre la protección de los derechos de las personas. La indignación se cambia por la indiferencia por la ausencia de presión de los más desprotegidos. La lógica del poder es la del miedo. La precarización laboral con el aumento de la jornada laboral, la disminución del salario y el endeudamiento hace que no todos seamos rentables, menos aún las mujeres cuyas reivindicaciones sociales dan paso a la condición de perdedoras al amparo del nuevo contrato neoliberal de corte patriarcalista (Juan Carlos Monedero).
 
En esta perspectiva de análisis, bajo un contexto donde la gestión para el gasto social y la gestión comunitaria se subvaloran, se pone freno radical a la igualdad de las mujeres para echar atrás sus parciales reivindicaciones, volviendo a ser objeto de intervención (no sujeto de derechos) con base en su rol reproductivo, que se extiende al ámbito laboral cuando se les relega a actividades de cuidado.
 
El derecho aparece como un instrumento para legitimar la violencia. Las mujeres corren el riesgo de que soterrada y arbitrariamente se justifique o autorice la violencia contra ellas, de modo que las reivindicaciones alcanzadas tras muchos años de lucha las expongan al olvido, la incomprensión y la agresión de sus derechos en todos los ámbitos. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo anual directo del crimen y la violencia en América Latina asciende a US$261.000 millones, o 3. 55 % del PIB. Esta cantidad duplica el promedio de países desarrollados y equivale al total que la región invierte en infraestructura. En igual forma, equivale a los ingresos del 30 por ciento de la población de menores ingresos de la región. Aunque la región tiene el 9 por ciento de la población mundial, registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global. Es la región con índices de violencia más altos en el planeta, fuera de las zonas de guerra. Seis de cada 10 robos son cometidos con violencia y el 90% de los homicidios no son resueltos.
 
Los costos del crimen y la violencia en la región ascienden, en promedio, a 3.55 % del PIB en América Latina y el Caribe, comparado con 2.75% en los Estados Unidos; 2.55% en el Reino Unido y 1.34 % en Alemania. Si la región aproximara sus costos del crimen al nivel de los países desarrollados, podría aumentar su infraestructura en un 50%.
 
El costo del crimen se compone de tres aspectos: i) Los costos sociales que incluyen victimización letal y no letal, y los ingresos cesantes de la población carcelaria equivalentes al 0.64% del PIB; ii) los gastos del sector privado (hogares y negocios) en seguridad equivalente al 1.37% del PIB y iii) gastos fiscales, incluyendo la policía y las cárceles equivalente al 1.51% del PIB.
 
El gasto público en las áreas relacionadas con la prevención y el control del crimen en América Latina y el Caribe es similar al gasto de los países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido. Los costos de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe son el doble del promedio mundial.
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres informó que de los 25 países en los que se comete mayor número de homicidios y cualquier forma de violencia a la mujer por razones de género, 14 son latinoamericanos y el 98 % de los feminicidios siguen impunes.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, reveló que, hasta septiembre de 2016, se habían presentado 58.674 casos de violencia intrafamiliar (12.741 más que en 2015) así: 7918 casos en niños y niñas; 1235 en adultos mayores; 38.107 en violencia en pareja y 11.414 entre otros familiares.
 
Para el 2017, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) realizó 27.538 exámenes médico legales por violencia intrafamiliar; de estos, 10.385 (37.1%) corresponden a violencia contra niños, niñas y adolescentes; 1. 944 (7.06%) a violencia contra adulto mayor y 15.209 (55.23%) a violencia entre otros familiares. Se encontró que las mujeres son las mayores víctimas, con 16.463 casos (59.78%), mientras que los hombres registraron 11.075 (40.22%) (Revista Forensis).
En relación con los niños, las niñas, las y los adolescentes se observa que el grupo más afectado es el comprendido entre los 10 y los 14 años, con 3.537 casos (34.06%) seguido por el grupo de los 5 a 9 años, con 2.678 casos (25.79%). Por sexo, se advierte que las cifras son diferentes para los grupos de los 0 a 4 y 5 a 9 años. Es así como, se encuentra lo siguiente: i) niño de 0 a 4 años, 786 casos; ii) niña de 0 a 4 años, 1684 casos; iii) niños de 5 a 9 años, 1242 casos y iv) niñas de 0 a 5 años, 2678 casos.
 
En relación con el marco regulatorio, Colombia expidió en el 1996, la Ley 294 de 1996, que establece un procedimiento sumario equivalente a la tutela para que autoridades de familia (comisarios de familia, jueces civiles y en su defecto inspectores de policía), procedimiento que prevé la adopción de medidas de protección urgentes de carácter provisional y medidas definitivas para asegurar la convivencia y la armonía en el medio familiar. Ley que fue modificada por la Ley 575 de 2000 y reglamentada por el Decreto 652 de 2001, con el propósito de regular aspectos como la determinación de criterios para la conciliación de las víctimas con sus victimarios, acuerdo de naturaleza civil y no penal que no pretende configurarse en una autorización para la agresión a las mujeres sino por el contrario promover una congruencia tal de lo pactado que permita mejorar la situación de derechos de la afectada pero en la mayoría de los casos no existe un monitoreo ni seguimiento del cumplimiento del mismo; Luego se expide la Ley No. 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y por la cual se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996 sobre violencia intrafamiliar, ley que: (i) visibiliza la violencia producida por razones de género; (ii) dispone de un catálogo más amplio de medidas de protección de los derechos de los integrantes del medio familia; (iii) ordena al Sistema de Seguridad Social un esfuerzo adicional en el restablecimiento de los derechos y en la reparación integral a las víctimas de los delitos cometidos contra las mujeres y (iv) agrava las sanciones penales previstas para estos delitos.
 
Sin embargo, el Sistema de Seguridad Social está en mora de hacer efectiva sus obligaciones que comportan una asistencia permanente de las mujeres con sus hijos e hijas.
Asimismo, se expidió, la ley 1361 de 3 de Diciembre de 2009, mediante la cual se busca fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una política pública para la familia, pero que debido a la generalidad de sus disposiciones, configura una declaración de buenas intenciones sin el señalamiento de deberes jurídicos y sanciones frente a su incumplimiento en cabeza de personas naturales o jurídicas. 
 
Así le siguen otras normativas como la Ley 1622 de 2014, conocida como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil; la Ley 1719 de 2014, sobre las víctimas de agresión sexual en el marco del conflicto armado y la ley 1652 de 2013, relacionada con las entrevistas y los testimonios de los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, la formación y la integridad sexuales. La Ley 1878 de 2018, que introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) sobre el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, a mi juicio, no sustanciales, entre otras, cuya aplicación no ha conducido a un mejoramiento de las políticas sociales para las mujeres y su medio familiar, sino que ha puesto en evidencia la incapacidad del Estado, para asumir responsabilidades específicas en la materia. Corolario de esto es: i) Que la arquitectura institucional desde 1996 ha permanecido intacta; ii) que los acuerdos entre víctimas y victimarios no se cumplen; iii) que se acude con frecuencia al recurso de amparo o tutela por la ineficacia de las decisiones para transformar los entornos de las víctimas en la instancia nativa para resolver el problema intrafamiliar y, iv) que se escala a la “justicia policiva” (inspectores de policía) y a la “justicia penal” para presionar una respuesta del agresor o agresora en punto de proteger los derechos de las víctimas que, con no poco frecuencia, provoca un efecto “perverso” (expresión criminológica) al agravar su situación y la del medio familiar. 
 
La Justicia en sus diversos escenarios no logra armonizar su actuación con intervenciones en el ámbito de las políticas sociales donde se topa con funcionarios públicos que ofrecen en mayor o menor medida porciones de políticas desconectadas del quehacer y la preocupación estatal.
 
Del mismo modo, algunas disposiciones legislativas relevantes en materia de infancia, adolescencia y familia como la Ley No. 1329 de Julio 17 de 2009 por medio de la cual se modifica el Título IV de la ley No. 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes; la Ley No.1295 de 2009 por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1,2 y 3 del SISBEN; la Ley No. 1306 de 2009 por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de los incapaces emancipados; la Ley No.1335 de 2009, mediante la cual se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo de tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana; la Ley 1346 de 2009, por medio de la cual se aprueba la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006; la Ley No. 1187 de 2008, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al Sistema General de Seguridad Social en Salud; la Ley No. 1220 por la cual se aumentan penas para los delitos contra la salud pública de que trata el Título XII, Capítulo I del Código Penal; la Ley No. 1236 de 2008 por medio de la cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual entre otras normativas, que terminan siendo una radiografía de lo que no se logra en la práctica no sólo por falta de recursos económicos sino de la “estigmatización de las víctimas como personas incapaces de solucionar sus propios conflictos y, en consecuencia para justificar intervenciones puramente asistencialistas y paternalistas que no brindan herramientas para asegurar el empoderamiento de las mismas y su autonomía como personas. 
 
De suerte que, a mi juicio, el país no cuenta con una política pública para las mujeres y sus familias, que desinteticen las amenazas (expresión victimológica) a las que permanentemente están expuestas, porque el Estado no puede perder el control que le otorga la ley con una “sobrecarga funcional” para mantener el imaginario social de que es capaz de resolverlo todo a través de su aparato de justicia cuya intervención per sé a la postre no garantiza nada distinto a visibilizar su progresiva impotencia para incidir en el desarrollo integral de la unidad familiar y a perpetuar la fórmula de la institucionalización que lo desgasta y lo vuelve víctima del propio sistema al cual se adscribe, no en vano en países como Colombia, la justicia “es la cenicienta” del Estado y en nombre de ellas se cometen muchas injusticias (Aristóteles). 
 
Por esto, desde hace 27 años vengo planteando la necesidad de repensar el derecho, incluyendo al derecho penal, en clave de derechos, y reconociendo en los Jueces un poder de transformación social a través de sus decisiones que siempre deben involucrar a las partes en conflicto, porque, no se trata de recargarlos ni desgastarlos funcionalmente a aquéllos, sino de que las mismas impacten favorablemente el contexto situacional del conflicto sometido a su análisis y se generen deberes recíprocos y correlativos que incentiven un diálogo entre lo femenino y lo masculino (Juan Carlos Monedero), y que ese diálogo progresivamente alimente una solidaridad alternativa en doble vía, (de lo nacional a lo transnacional y viceversa) en América Latina, a través de la capacidad de articulación social (Bloques, organizaciones y movilizaciones sociales. Álvaro García Linera). 
 
Es preciso, potenciar a los grupos sociales desprotegidos como actores de su propio cambio, y alentar la reorganización y el re direccionamiento de la correlación de fuerzas existentes para que la intervención del Estado impacte en lo micro y en lo macro social.
 
Esta tarea, se complejiza, cuando adicionalmente, las mujeres han sido víctimas de agresiones en el contexto del conflicto armado, porque, vuelve y juega, se presenta la ley como la solución (Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), que condicionan su calidad de víctimas a la demostración como tales cuando históricamente el contexto de violación de sus derechos es, a mi juicio, manifiesto, debiendo dar lugar “en todos los casos, al reconocimiento de una presunción legal de “victimización” o de violación de derechos: i) Que conlleve el deber jurídico ineludible por parte del Estado, y de todo su Sistema Jurídico a una protección ampliada y reforzada de sus derechos, no sólo para este grupo, sino para todas las víctimas de comportamientos pluriofensivos de su dignidad y ii) que consolide la firmeza del núcleo social (Corte Constitucional Sentencia T-025 de 2004. Estado de cosas constitucional de la población desplazada por la violencia). En Colombia, el punto de bifurcación se evidenció en el plebiscito por la paz, habida cuenta que surgió como un argumento para votar por la desaprobación del texto del Acuerdo Final de la Habana, que el mismo contenía una ideología de género que ponía en riesgo la defensa de la familia conformada por un hombre y una mujer.
 
El discurso legal en este contexto de análisis ratifica el agotamiento del Estado como Estado social, pero también como Estado de derecho. Es decir, que el derecho hará parte del problema y no de la solución, mientras, a mi juicio, no resuelva el problema de la violencia, sino que incluso lo profundice limitándose a demarcar las fronteras de la indigencia y la desprotección de los derechos para camuflar la indiferencia del Estado en la solución de la desigualdad. Un derecho violento y patriarcal es antidemocrático. 
 
¿Será posible repensar el derecho penal como un instrumento jurídico no selectivo que promueva la igualdad social? ¿Cómo fomentar el diálogo entre lo femenino y lo masculino mientras el Estado avanza a su propia emancipación o declive? ¿Cómo recuperar o recobrar el discurso de protección de los derechos aceptando que en época electoral o preelectoral se convierte en el baluarte social de las campañas aun cuando socialmente se reconozcan contradicciones profundas entre los partidos?

Marisol Palacio Cepeda

Presidente FIBESJ